Esta semana ha salido publicada la resolución de la Junta de Andalucía en relación a la reclamación presentada por una organización de consumidores contra la publicidad de las pulseras “Power Balance“. La resolución estima la denuncia presentada y condena a la empresa responsable de la comercialización de dichas pulseras pseudomilagrosas al pago de una sanción de 15.000 euros por publicidad engañosa y por infracción de la normativa relativa a la publicidad de productos con pretendida finalidad sanitaria (comúnmente conocidos como “productos milagro“), si bien no se ha prohibido continuar con su comercialización.
La controvesia ha surgido a causa del montante de la sanción impuesta, ya que -según parece- esa cantidad equivale al precio de venta al público de 500 pulseras. Y teniendo en cuenta que, en España, hasta el mes de abril se habían vendido 300.000 pulseras, parece una sanción algo escasa. No hay que olvidar que las competencias en materia de consumo están delegadas a las Comunidades Autónomas y que, en este caso, al estar la sociedad domiciliada en Marbella la competencia recae sobre las autoridades andaluzas.
No me gusta comparar los regímenes jurídicos de protección a los consumidores de distintos territorios, pero en este caso creo necesario que dirijamos nuestras miradas a cómo se solucionan situaciones similares en los Estados Unidos. Os adelanto que el organismo norteamericano competente para tratar temas relacionados con publicidad es la Federal Trade Commission (FTC).
Pues bien, quizás alguno de vosotros recordará el producto Ab Force, consistente en un cinturón abdominal de estimulación eléctrica en cuya publicidad se aseguraba que el usuario perdería peso, o grasa, y que conseguiría unos músculos abdominales bien definidos, tratándose de una alternativa eficaz al ejercicio convencional. Por lo menos, 50.000 americanos sí que la recuerdan, que fueron los que optaron por la adquisición del citado producto.
La FTC analizó la licitud de la publicidad para llegar a la conclusión que las afirmaciones que se realizan en el anuncio (publicidad de Ab Force) relativas a la reducción de peso son engañosas, lo que ha llevado a este organismo a imponer a la responsable de la publicidad de ese producto, la correspondiente sanción.
Y para ello, la FTC se dirigió a los tribunales de justicia, con tal de obtener la devolución de las cantidades abonadas por los compradores de dicho producto. En este caso, el asunto se solucionó amistosamente, de modo que la empresa Telebrands Corporation, comercializadora del Ab Force, accedió al pago de 7 millones de dólares, lo que equivale al 90% del precio de venta del producto. De tal modo, los consumidores recibirán un cheque para que recuperen la práctica totalidad del precio pagado.
Simples pequeñas diferencias sin importancia entre dos sistemas de protección a los consumidores…
Imagen | Viñeta de JR Mora (gracias por permitirnos su publicación)
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